Observatorio 18D aclara que no hay 30 mil deportaciones en el país
La Asociación Civil 18 de Diciembre desmintió la cifra que circuló tras un balance oficial de Migraciones y explicó que solo 744 corresponden a expulsiones concretadas. El comunicado busca aclarar la confusión generada en los últimos días.
El Observatorio 18D, de la Asociación Civil 18 de Diciembre, salió a desmentir la versión de que se habrían producido 30.000 deportaciones en el país y aclaró qué se esconde detrás de la cifra oficial difundida por el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones.
Según el comunicado emitido por la entidad, el número que generó tanta polémica engloba una serie de situaciones administrativas muy distintas entre sí, y solo una parte mínima corresponde a expulsiones efectivas. De las estadísticas oficiales, apenas 744 personas fueron expulsadas de manera concreta.
La aclaración cobra relevancia después de las declaraciones presidenciales que mencionaron la expulsión de “terroristas”, lo que aumentó el ruido público y las interpretaciones cruzadas sobre el balance de controles migratorios.
El Observatorio 18D, organización dedicada al seguimiento de políticas migratorias y defensa de los derechos de las personas migrantes, viene monitoreando desde hace años cómo se comunican estas cifras. En su análisis detallado, separan las notificaciones de impedimentos de ingreso, las prohibiciones de reingreso, las órdenes de expulsión dictadas y las que efectivamente se ejecutaron.
“Es importante no confundir una orden administrativa con una deportación consumada”, sostienen desde la entidad. La gran mayoría de las cifras que se suman en el total de 30.000 corresponden a controles en fronteras, rechazos de ingreso o medidas que no llegaron a concretarse en un traslado forzoso.
Este tipo de precisiones adquieren especial importancia en distritos como La Matanza, donde la diversidad cultural y la presencia de comunidades migrantes son parte cotidiana de la vida barrial. En Ramos Mejía, San Justo, Lomas del Mirador y el resto de los barrios del partido, las familias de origen boliviano, paraguayo, peruano o venezolano forman parte del tejido social, trabajan en comercios, clubes y escuelas, y aportan a la economía local.
Desde el Observatorio remarcan que inflar las cifras de deportaciones puede generar un clima de estigmatización que no condice con la realidad de las políticas migratorias. Además, advierten sobre el riesgo de que se utilicen estos números de manera poco precisa en el debate público.
El comunicado también pone el foco en la necesidad de transparencia: que las autoridades expliquen con claridad qué tipo de medidas se incluyen en cada rubro y cuántas expulsiones reales se llevaron adelante. Solo así, sostienen, se puede tener una discusión seria y alejada de la confusión.
En la zona oeste, donde el Observatorio y otras organizaciones de la sociedad civil vienen acompañando casos de regularización migratoria, esta aclaración llega como una herramienta para que los vecinos entiendan mejor qué está pasando realmente. No se trata de minimizar la importancia de los controles, sino de evitar que se vendan como “deportaciones masivas” situaciones que en su mayoría son trámites administrativos o rechazos en el momento del ingreso al país.
La entidad recordó que seguirá monitoreando las políticas migratorias y publicando informes periódicos para que la información llegue con datos desglosados y verificables. Mientras tanto, el llamado es a leer con atención las estadísticas oficiales antes de repetir números que pueden llevar a equívocos.
En un contexto donde la migración sigue siendo tema de conversación en plazas, clubes de barrio y reuniones familiares de La Matanza, contar con voces que desarmen las cifras resulta clave para no generar miedos innecesarios ni estigmas sobre quienes eligieron vivir y trabajar en nuestra zona.