Ya rige en Buenos Aires la ley que endurece las penas por agredir a docentes y personal de salud

Desde el pasado miércoles 22 de octubre de 2026, ya está en vigencia en toda la provincia de Buenos Aires la reforma al Código de Faltas que aumenta las sanciones para quienes agredan verbal o físicamente a docentes, auxiliares y personal de salud.

La medida, promulgada el martes en el Boletín Oficial bonaerense, busca dar mayor protección a dos sectores clave que día a día enfrentan situaciones de violencia en sus lugares de trabajo. Según la nueva norma, las faltas que antes podían resolverse con una simple amonestación ahora contemplan multas económicas más elevadas y, en los casos más graves, hasta 30 días de arresto.

Uno de los puntos centrales de la reforma es que las penas se duplican cuando la agresión se produce delante de alumnos, en el caso de las escuelas, o de pacientes, en centros de salud. Esta agravante busca desalentar conductas que además de dañar al trabajador, generan un impacto negativo en el entorno educativo o sanitario.

En la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde Ramos Mejía y el resto del partido de La Matanza concentran una gran cantidad de escuelas públicas y centros de atención primaria, la noticia fue recibida con expectativa por parte de la comunidad educativa y de salud. Muchos vecinos vienen denunciando desde hace tiempo un aumento en los episodios de violencia contra maestros y enfermeros, especialmente en horarios de salida o en guardias de emergencia.

La reforma no solo endurece las consecuencias, sino que también busca visibilizar que agredir a quien está educando o cuidando la salud de la gente no es un hecho menor. En los últimos años, sindicatos docentes y asociaciones de profesionales de la salud de la región habían reclamado medidas concretas en este sentido.

Desde la comuna de La Matanza, aunque no se detallaron acciones locales específicas para acompañar la aplicación de la ley, se espera que los centros de atención primaria y las escuelas del distrito puedan contar con mayor respaldo a la hora de registrar y denunciar estos incidentes.

Para los vecinos de Ramos Mejía, San Justo, Lomas del Mirador y las localidades cercanas, la nueva reglamentación representa un avance en la protección de quienes trabajan en primera línea. Sin embargo, su efectividad dependerá de la agilidad con que las autoridades locales y provinciales respondan a cada denuncia y de la difusión que se le dé en los barrios para que tanto agresores como víctimas conozcan las nuevas reglas.

La norma llega en un momento en que la comunidad educativa y sanitaria local sigue lidiando con desafíos cotidianos: desde faltantes de personal hasta la necesidad de mayor acompañamiento psicológico para quienes sufren estas situaciones. Endurecer las penas es un paso, pero no el único que se requiere para mejorar el clima en aulas y consultorios de la zona oeste.